La deuda acumulada por la Secretaría de Energía de la Nación con las empresas productoras de gas que participan del Plan Gas.Ar trepó a los US$ 350 millones de dólares, generando un foco de severa tensión entre las petroleras operadoras y el Palacio de Hacienda. El retraso en la cancelación de los subsidios comprometidos vuelve a poner sobre el tablero la sostenibilidad del esquema energético nacional.
El pasivo se originó a partir de la demora en la transferencia de las compensaciones tarifarias que el Estado absorbe para aminorar el costo final del servicio en los hogares residenciales. Desde las compañías del sector advierten que el atraso financiero atenta contra la previsibilidad requerida para sostener las millonarias inversiones operativas que exige la cuenca no convencional de Vaca Muerta.
Aunque el ministro de Economía prioriza la meta de estricto superávit fiscal de las cuentas públicas, la postergación de estos pagos amenaza con desatar un freno en los planes de perforación de nuevos pozos, lo que reduciría la oferta de gas nacional y forzaría en el mediano plazo a importar barcos de Gas Natural Licuado (GNL) a un costo en divisas sustancialmente superior.
Las conversaciones entre la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y el equipo económico buscan acordar un esquema de pagos o la emisión de instrumentos de deuda para saldar la morosidad sin resentir la cadena de proveedores locales.
¿Privilegiará el Gobierno el ajuste fiscal de corto plazo o cederá para evitar un cuello de botella energético que ponga en riesgo la autosuficiencia del país?