La política de reducción acelerada de subsidios energeticos que lleva adelante la Secretaría de Energía ha chocado con un escollo financiero de magnitud. La acumulada deuda del gobierno gas con las principales firmas operadoras y productoras de gas de Vaca Muerta ha encendido las alarmas en el sector empresarial, que advierte sobre los riesgos de paralizar inversiones de perforación necesarias para el próximo invierno.\n\nLa deuda, estimada en unos 350 millones de dólares, responde al retraso en las compensaciones por el Plan Gas Ar y a las diferencias generadas por la fluctuación cambiaria oficial. El objetivo de mantener el deficit fiscal bajo control absoluto obligó al Ministerio de Economía a postergar giros, comprometiendo de manera indirecta la cadena de pagos y el cumplimiento de metas de inversión de los concesionarios.\n\nMientras las autoridades oficiales buscan proponer esquemas de pago alternativos mediante bonos estatales de mediano plazo, las productoras de gas insisten en que requieren liquidez de corto plazo para garantizar la continuidad de las obras de infraestructura de transporte y almacenamiento, evitando así la necesidad de importar combustibles del exterior.\n\nEl dilema de las tarifas de energia radica en cómo ajustar la recaudación final de los usuarios residenciales y comerciales sin profundizar el malestar social, al mismo tiempo que se garantiza el equilibrio de las cuentas públicas energéticas. Si la cadena de pagos se interrumpe permanentemente, los costos de generación futura podrían dispararse sustancialmente. ¿Logrará el Gobierno equilibrar el superávit de caja con la necesidad imperiosa de sostener la producción de gas local?