El gobierno de Javier Milei ha avanzado con paso firme en una de las modificaciones más audaces de su agenda económica: la desregulacion obras sociales de los trabajadores registrados del país. A través de medidas dictadas desde el ministerio de salud, el Poder Ejecutivo nacional habilitó a los empleados en relación de dependencia a derivar libremente sus aportes a las empresas de medicina prepaga de manera directa, salteando la histórica intermediación de las obras sociales controladas por el sindicalismo peronista tradicional.
La medida apunta de lleno contra la principal caja de financiamiento corporativo del sindicalismo, introduciendo una profunda reforma del sistema de salud argentina basada en las leyes de la oferta y la demanda. Los voceros oficiales aseguran que la mayor competencia entre prestadores redundará en una mejora de la cobertura médica general y en menores costos de administración. Sin embargo, en la práctica cotidiana, los afiliados del sector privado han comenzado a experimentar los efectos de un fuerte prepagas aumento de tarifas de forma mensual, lo que ha tornado a la salud privada argentina en un servicio de carácter prohibitivo para grandes sectores de la clase media y los jubilados de menores recursos.
Este nuevo esquema de libre mercado plantea el riesgo inminente del desfinanciamiento de las obras sociales tradicionales que cubren tratamientos de alta complejidad para los salarios más bajos de la pirámide laboral. Al migrar los aportes de los salarios más altos de manera directa a la medicina privada, el sistema solidario pierde sostenibilidad. Esto amenaza con desbordar y trasladar una demanda de atención insostenible sobre los hospitales públicos de la órbita de las provincias y municipios, los cuales ya operan al límite de su capacidad edilicia e insumos básicos.
En un contexto donde la desregulación de las tarifas convive con la caída real del salario medio, la reconfiguración del sistema de cobertura médica avanza sin pausa. ¿Logrará la libre competencia de precios garantizar una cobertura equitativa de salud, o nos dirigimos de forma inevitable a un sistema de medicina dual y excluyente?