Una profunda controversia institucional y jurídica se desató tras la denuncia presentada contra la jueza bonaerense que decidió suspender de manera preventiva la aplicación de la ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La decisión de la magistrada interrumpió la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil por un plazo de 60 días, argumentando una inconstitucionalidad manifiesta y falta de infraestructura edilicia para la contención pedagógica de menores.
La presentación judicial formulada contra la jueza acusa a la magistrada de incurrir en presunto mal desempeño de sus funciones y extralimitación de facultades al bloquear la voluntad expresada por el Poder Legislativo. Desde el sector del oficialismo y referentes en materia de seguridad, remarcaron que el fallo atenta directamente contra las exigencias sociales de mayor firmeza del Estado ante el delito juvenil.
Por otra parte, sectores garantistas y organizaciones de derechos humanos respaldaron la decisión judicial, sosteniendo que la baja de imputabilidad infringe tratados internacionales de jerarquía constitucional sobre la protección integral de la niñez. El fallo reabrió el dilema de fondo entre la búsqueda de respuestas puneitivas ante la inseguridad urbana y las capacidades reales del Estado para rehabilitar a menores en conflicto con la ley.
Este choque de poderes eleva la tensión institucional entre la gestión bonaerense, la Casa Rosada y el estamento judicial, previéndose una apelación exprés que culminará en la intervención de la Suprema Corte de Justicia provincial o la Corte Suprema de la Nación.
¿Prevalecerá el marco del estricto control de constitucionalidad judicial o la urgencia política de aplicar la reforma de imputabilidad aprobada por la sociedad?