El debate alrededor de las políticas de seguridad juvenil volvió a escalar tras la decisión judicial de congelar por dos meses la aplicación de la nueva normativa bonaerense que habilita la baja de la edad de imputabilidad penal a los 14 años. La resolución de la jueza interviniente provocó un inmediato contragolpe político que derivó en la presentación de una denuncia formal en su contra por presunto mal desempeño.
Quienes impulsan la denuncia sostienen que la magistrada se extralimitó en sus facultades de control de constitucionalidad al paralizar un instrumento legislativo votado con amplia mayoría en la provincia. Argumentan que suspender la norma vulnera la división de poderes e impide contar con una herramienta punitiva urgente ante el incremento de delitos graves cometidos por menores de edad.
Por otro lado, sectores del fuero judicial y organizaciones de derechos humanos defienden el fallo al señalar que la norma vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional y carece del soporte de infraestructura e instituciones especializadas indispensables para la reinsertar a los jóvenes en la sociedad.
El conflicto expone la falta de consensos de fondo sobre el abordaje del delito juvenil en la Argentina, donde la respuesta del Estado oscila entre la severidad penal y la fragilidad de los sistemas de contención social y tutelar existentes.
¿Debe la justicia frenar reformas de seguridad aprobadas por el Poder Legislativo o se trata de una interferencia desmedida sobre las políticas públicas?