En una contundente acción en resguardo de la soberanía nacional y los recursos marinos, la Cancillería argentina formally inició acciones judiciales y administrativas contra la compañía de capitales británicos e israelíes Navitas Petroleum y un entramado de empresas asociadas. Las medidas imputan a la firma la realización de actividades ilegales de exploración y prospección hidrocarburífera en la cuenca marina adyacente a las Islas Malvinas sin contar con los permisos exigidos por las leyes de la República Argentina.
El Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó la denuncia penal en los tribunales federales competentes e impulsó sanciones financieras estrictas, que contemplan la inhabilitación para operar comercialmente dentro del territorio nacional, la traba de embargos preventivos y la inclusión de las firmas infractoras en registros de sanciones internacionales. La estrategia busca ahuyentar a los fondos de inversión privados que financian el desarrollo del yacimiento denominado Sea Lion.
Desde el Gobierno remarcaron que el despliegue de infraestructura hidrocarburífera por parte de licenciatarias avaladas ilegítimamente por la administración colonial de las islas constituye una abierta violación de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Asimismo, denunciaron el severo riesgo ambiental que estas maniobras representan para la frágil biodiversidad del Atlántico Sur.
La decisión de escalar la vía penal refleja un endurecimiento de la táctica jurídica de la administración actual para encarar el conflicto de soberanía de manera directa, apuntando al corazón de las ganancias comerciales que Londres pretende consolidar en la región austral. Las autoridades argentinas advirtieron que mantendrán el hostigamiento legal sobre cualquier actor corporativo internacional que intente comerciar con bienes naturales nacionales de forma ilegítima.
¿Alcanzará la ofensiva penal y económica para disuadir la llegada de inversiones pesqueras y petroleras británicas en la zona en disputa?