El tratamiento de proyectos sobre la regulación de la eutanasia y el final de la vida volvió a instalarse en la agenda parlamentaria. Sectores juristas y médicos exponen argumentos respecto a la autonomía del paciente frente al sufrimiento extremo y el rol que debe cumplir el Estado para garantizar el acceso a cuidados paliativos o decisiones de fin de vida.
Las agrupaciones impulsoras encuadran la iniciativa dentro de las garantías de la Justicia Social moderna, argumentando que el Estado debe acompañar la voluntad individual en situaciones irreversibles. En la vereda opuesta, bioeticistas y sectores religiosos sostienen que la prioridad estatal debe enfocarse en robustecer la contención médica previa.
¿Constituye el derecho a decidir el final de la vida una ampliación indispensable de las libertades individuales?