La industria textil atraviesa uno de los ciclos más oscuros de las últimas décadas. Según el reporte acumulado del primer semestre elaborado por las cámaras del sector, la actividad fabril registró un derrumbe interanual superior al 24%. La combinación de un consumo masivo fuertemente contraído y el ingreso masivo de prendas terminadas desde el exterior ha dejado como saldo el cierre promedio de 30 pymes por mes y la pérdida sostenida de miles de puestos de trabajo directos.
Las plantas industriales ubicadas en los principales polos manufactureros de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba operan hoy al 40% de su capacidad instalada. Los empresarios pymes denuncian que los altos costos de la energía, sumados a la carga tributaria local y la apreciación del tipo de cambio, tornan inviable la competencia frente a los productos importados del sudeste asiático, forzando a los fabricantes a suspender personal o suspender operaciones definitivamente.
Desde la perspectiva del Gobierno nacional, la flexibilización de las importaciones y la desregulación comercial son condiciones necesarias para bajar los precios al consumidor final y eliminar las distorsiones de un sector protegido durante décadas. Para el equipo económico, la reconversión de las pymes hacia esquemas de mayor eficiencia resulta insoslayable dentro del nuevo paradigma libertario de mercado abierto.
Sin embargo, la velocidad del ajuste productivo pone en riesgo la supervivencia de un entramado industrial clave para la generación de empleo calificado e inclusión social. ¿Existe margen de supervivencia para la industria textil nacional frente al actual modelo de apertura comercial acelerada?