Los datos son alarmantes: más de 30.000 empresas cerraron sus puertas en Argentina en los últimos dos años y medio. Esta cifra no es un mero número; representa miles de proyectos destruidos, empleos perdidos y familias desamparadas. La asfixiante presión impositiva, la burocracia estatal y la inestabilidad macroeconómica se han convertido en una trampa mortal para quienes deciden invertir y generar riqueza en el país. El Estado, lejos de ser un facilitador, parece ser el principal obstáculo.
Mientras el sector público no para de crecer en gasto y privilegios, el sector privado, motor de la economía real, se desangra. ¿Es esta la Argentina que queremos construir, donde emprender es una misión casi imposible y la incertidumbre es la única constante? Es hora de revisar un modelo que ahoga la iniciativa privada y condena a miles de argentinos a la informalidad o al desempleo.