La detención de una mujer con nacionalidad argentina en Tokio, con 101 cápsulas de cocaína ingeridas (casi un kilo), vuelve a poner en el centro del debate la eficacia de los controles y la mano dura contra el narcotráfico. Lo más alarmante es que la mujer ya contaba con condenas previas por contrabando en nuestro país, un claro indicio de que el sistema no logra reinsertar ni disuadir a quienes eligen el camino del crimen.
Este incidente, que genera vergüenza para la imagen de Argentina en el exterior, subraya la necesidad de revisar a fondo nuestras políticas de seguridad y justicia. ¿Cómo es posible que una persona con antecedentes por delitos similares pueda reincidir y operar a nivel internacional? La permisividad o la ineficacia de ciertas facetas del sistema judicial argentino son un caldo de cultivo para la criminalidad organizada, que aprovecha cada grieta para expandir sus operaciones.
La "mano dura" no es un eslogan, sino una necesidad imperiosa para proteger a la sociedad. Es hora de dejar de lado el garantismo que solo beneficia a los delincuentes y garantizar que quienes cometen estos delitos enfrenten las consecuencias reales. ¿Estamos dispuestos a endurecer las penas y los controles, o seguiremos lamentando casos como este sin tomar medidas concretas?