El contrabando, lejos de ser un delito marginal, se consolida como un pilar oscuro de la economía argentina, representando ya el 5% del Producto Bruto Interno. Esta cifra, que surge de un reciente estudio regional, no solo es un indicador de la informalidad rampante, sino un termómetro de la desprotección estatal y la evasión fiscal a gran escala. Mientras el gobierno busca ajustar las cuentas públicas, vastos sectores productivos operan en las sombras, erosionando la recaudación y la competitividad de quienes cumplen las reglas.
Los sectores más golpeados son la indumentaria, el calzado y la electrónica, donde la entrada ilegal de productos distorsiona precios y destruye empleos formales. Voceros de cámaras empresariales advierten sobre una competencia desleal insostenible, mientras que expertos económicos señalan la ineficacia de los controles y la posible connivencia de ciertos actores. Este panorama revela una doble vara: ¿cómo se exigen sacrificios a la ciudadanía si el Estado es incapaz de frenar el sangrado de una economía sumergida que crece sin pausa?
La pregunta es inevitable: ¿quiénes son los verdaderos beneficiados de este sistema de contrabando masivo y quiénes pagan el costo real de esta evasión que ya supera cifras escandalosas?