El frente universitario nacional vuelve a declararse en estado de alerta máxima y sus referentes evalúan convocar a una nueva marcha federal universitaria en rechazo al congelamiento de los recursos destinados a la educación pública superior. La decisión maduró luego de sucesivas reuniones entre rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), agrupaciones estudiantiles y la representación sindical, ante la falta de acuerdos salariales insatisfactorios.
Las discusiones sobre el presupuesto universidades permanecen en un punto muerto, ya que las partidas asignadas para gastos de funcionamiento e investigación resultan insuficientes para afrontar las subas de tarifas energéticas e insumos operativos básicos. Frente a esta situación, la protesta docente se ha intensificado con paros parciales, clases públicas y jornadas de visibilización en los principales centros académicos del país.
El dictado de clases universitarias se encuentra fuertemente alterado en las unidades académicas más populosas del país, como la UBA, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. Las autoridades académicas señalan que la pérdida salarial del personal docente y no docente supera holgadamente a la de otros sectores de la administración pública, amenazando la continuidad del ciclo lectivo regular.
Desde las oficinas gubernamentales justifican la restricción presupuestaria en la premisa irrenunciable del déficit cero y exigen procesos de auditoría más rigurosos sobre la administración de las partidas universitarias. Esta posición firme del oficialismo presagia un escalamiento sostenido en el conflicto educativo con impacto directo en el ecosistema académico nacional.
¿Podrán las universidades públicas sostener el dictado normal de clases sin una recomposición presupuestaria acordada con el Gobierno?