La tensión sociopolítica y el debate de fondo por el reparto y tenencia de tierras se instaló de forma permanente en la provincia cuyana. La masiva marcha mendoza propiedad privada congregó a miles de manifestantes pertenecientes a movimientos sociales, cooperativas agrícolas y comunidades originarias en un enérgico rechazo al tratamiento que el senado mendoza otorga al polémico proyecto que busca reformar las reglas vigentes en materia de ocupación e inmatriculación catastral.

La iniciativa oficialista, denominada coloquialmente ley de propiedad privada mendoza, busca endurecer los castigos a las usurpaciones y acelerar el proceso judicial de desalojo en predios fiscales y privados, lo que ha despertado una enérgica resistencia en las afueras de la legislatura. Los organizadores de las protestas mendoza afirman que este plexo legal avanza contra comunidades ancestrales y pequeños productores hortícolas rurales que no cuentan con títulos formales de propiedad, pero que explotan activamente la tierra desde hace varias generaciones.

En la vereda de enfrente, el oficialismo mendocino fundamenta el proyecto en la necesidad imperiosa de otorgar seguridad jurídica total a los productores agrícolas locales y a las futuras inversiones mineras y turísticas que requieren claridad catastral absoluta en las zonas de montaña. Desde el gobierno provincial aseguran que la iniciativa no busca convalidar desalojos arbitrarios, sino establecer un marco de previsibilidad que de una vez por todas detenga las ocupaciones informales que se han multiplicado en los últimos años.

💬 Punto de debate

La discusión en tierras cuyanas sintetiza un dilema histórico argentino respecto al acceso y la explotación económica de los recursos naturales de cada provincia. La búsqueda de ordenamiento legal y de atracción de grandes inversiones corporativas suele colisionar de frente con la realidad informal de los pequeños productores minifundistas tradicionales. ¿Podrá el Senado de Mendoza lograr una legislación equitativa que proteja la propiedad de los inversores privados sin marginar de su hábitat a las familias rurales tradicionales?