La entrada en vigor del nuevo marco regulatorio financiero autoriza a los bancos y a las empresas de tecnología financiera a debitar montos adeudados directamente desde las cuentas de titularidad de los deudores, independientemente de la entidad financiera en la que se encuentren los fondos depositados. La medida busca dinamizar el crédito y reducir la tasa de morosidad en el sistema.
Desde las entidades de crédito y el sector fintech celebraron la normativa sosteniendo que la disminución del riesgo crediticio permitirá bajar las tasas de interés y ampliar el acceso a préstamos de consumo. Según su visión, el mecanismo elimina trabas operativas y desalienta las prácticas de evasión de compromisos financieros por parte de morosos recurrentes.
Sin embargo, la disposición generó duras críticas de organizaciones de consumidores y defensores de derechos de los usuarios. Advierten que el cobro automático podría dejar sin recursos mínimos de subsistencia a personas en situación de vulnerabilidad o afectar ingresos inembargables como salarios y prestaciones sociales sin una mediación judicial previa.
Frente a los cuestionamientos, las autoridades normativas remarcan que los usuarios contarán con mecanismos digitales para realizar descargos y solicitar la revisión de débitos indebidos. Sin embargo, la efectividad y rapidez de estos procedimientos de reclamo sigue siendo motivo de escepticismo entre los clientes.
¿Garantiza la medida un sistema financiero más eficiente o vulnera el derecho de defensa de los usuarios de servicios bancarios?