La prolongada guerra por el control político y la fiscalización del fútbol profesional en la República Argentina ha sumado un nuevo e indignante capítulo en los tribunales de justicia. Por cuarta vez consecutiva, un fallo emitido por la Cámara Federal ha dictado un freno judicial a la auditoría que la Inspección General de Justicia (IGJ) intentaba ejecutar sobre los AFA libros contables controlados por el presidente de la entidad, Claudio Chiqui Tapia. Este sistemático blindaje judicial impide de forma efectiva cualquier tipo de control estatal sobre el manejo discrecional de los millonarios recursos que administra la Asociación del Fútbol Argentino.\n\nLa disputa de fondo enfrenta al modelo asociativo cerrado que defiende el Chiqui Tapia con los intentos del Gobierno de Javier Milei de auditar los balances internos de la entidad para propiciar el desembarco de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). La justicia blindaje de la que goza el mandamás de la AFA en tribunales ordinarios de la Capital Federal ha funcionado como una barrera inexpugnable, suspendiendo cada una de las resoluciones administrativas que exigían la apertura de los registros contables y la transparencia en los procesos de licitación de derechos de transmisión televisiva y contratos de patrocinio de la Selección Nacional.\n\nDesde el entorno del oficialismo nacional y de diversos clubes de primera división alineados con el reclamo de auditoria futbol, se denuncia que la falta de fiscalización ampara un sistema de prebendas y arbitrariedades que perjudica el desarrollo de la infraestructura deportiva nacional. En la vereda opuesta, el tapismo y las federaciones afines argumentan que la intervención del Estado en los libros contables representa una violación de la autonomía de la AFA amparada por los estatutos estrictos de la FIFA, lo que podría acarrear sanciones internacionales graves para la representación deportiva del país.\n\nEl persistente bloqueo judicial a la intervención y revisión de las cuentas de la entidad rectora del fútbol local plantea interrogantes de hondo calado institucional respecto al alcance de las atribuciones reguladoras del Estado frente a corporaciones privadas de carácter monopólico. Mientras la AFA siga operando con total opacidad y sin rendición de cuentas, las sospechas sobre su manejo administrativo continuarán minando la credibilidad de sus torneos. ¿Hasta cuándo podrá el Chiqui Tapia sostener el blindaje en los tribunales frente a una presión gubernamental que no muestra signos de retroceder en su batalla por la transparencia del fútbol argentino?