La mesa del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó de la peor manera posible. Luego de extenuantes deliberaciones entre los representantes sindicales y los ejecutivos de las principales cámaras empresariales, las posiciones quedaron irreconciliables. Ante la falta de avances y la negativa del sector empleador a convalidar los montos exigidos, las delegaciones de la CGT y de ambas vertientes de la CTA se levantaron de la sesión plenaria, dejando formalmente trunca la paritaria nacional.
Desde el sector sindical, la pretensión apuntaba a recomponer la severa pérdida del poder adquisitivo sufrida en los últimos trimestres a raíz del proceso inflacionario residual. Las centrales obreras reclamaban un ajuste inmediato que ubicara el piso salarial significativamente por encima de la canasta básica. Sin embargo, los representantes empresarios argumentaron que un incremento de esa magnitud ahogaría la liquidez de las pequeñas y medianas empresas en un contexto de contracción de las ventas en el mercado interno.
Frente al abandono masivo de la mesa de negociación por parte del frente gremial, las autoridades de la Secretaría de Trabajo tomaron la decisión de dar por concluida la reunión. Siguiendo el mecanismo institucional previsto para estos casos de desacuerdo absoluto, la Secretaría de Economía y la Jefatura de Gabinete redactarán la resolución oficial mediante la cual el Poder Ejecutivo fijará de manera unánime la nueva pauta del haber mínimo.
Desde una perspectiva analítica, este escenario deposita sobre el Gobierno la responsabilidad total del costo político salarial. Si bien la intervención estatal por decreto le permite a la administración libertaria sostener la disciplina fiscal e impedir que un incremento excesivo traslade presiones adicionales a la tasa de inflación, al mismo tiempo profundiza la grieta con el sindicalismo tradicional. La resolución discrecional del monto salarial amenaza con convertirse en el detonante de un nuevo plan de lucha callejero de alcance nacional. ¿Podrá el Ejecutivo sostener la pauta salarial decretada sin que la conflictividad social comprometa el orden macroeconómico?