El avance de los peritajes judiciales sobre los dispositivos móviles del estratega digital Fernando Cerimedo generó una fuerte conmoción en los tribunales federales de Comodoro Py. La investigación instruida por la Justicia federal puso la lupa sobre una extensa billetera de criptomonedas conectada de manera directa con una importante cueva virtual que operaba fuera de los márgenes regulatorios del Banco Central.
Los datos extraídos del celular peritado revelan un flujo constante de transacciones financieras entre cuentas no registradas e intermediarios de la campaña digital libertaria. Según los investigadores, los registros contables informales sugieren la existencia de esquemas de triangulación de fondos para financiar operaciones en redes sociales y campañas publicitarias. Fernando Cerimedo negó rotundamente cualquier maniobra ilícita y sostuvo que las transferencias obedecen estrictamente a servicios de consultoría internacional prestados a clientes privados en el exterior.
El expediente judicial busca determinar si parte de estas divisas digitales ingresaron al circuito local mediante mesas de dinero no autorizadas y si existió una omisión deliberada en la rendición de cuentas de la campaña electoral. Fuentes judiciales señalaron que los montos involucrados superan holgadamente las estimaciones de gastos operativos declaradas ante la justicia electoral, lo que abre una línea de indagación por presunto lavado de dinero y financiamiento irregular de la política.
El caso representa un llamado de atención institucional sobre las zonas grises del uso de plataformas de activos virtuales para el financiamiento de estructuras de comunicación partidarias. La derivación de la causa promete profundizar el escrutinio sobre el rol de las finanzas descentralizadas en el armado de las estrategias políticas modernas.
¿Es hora de regular estrictamente el uso de activos virtuales y billeteras digitales en las campañas de financiamiento político?