La dilación de los procesos de recupero de activos en las grandes causas de corrupción pública vuelve a encender el debate sobre el costo de la impunidad en la República Argentina. Mientras el histórico fallo de la Cristina Kirchner causa Vialidad permanece a la espera de definiciones firmes por parte de los tribunales de alzada, el Estado nacional enfrenta la paradójica obligación de desembolsar sumas millonarias en concepto de costas judiciales y honorarios profesionales de los abogados defensores intervinientes, sin haber concretado el decomiso efectivo de los fondos sustraídos.\n\nEl intrincado andamiaje administrativo de la Justicia Federal ha generado una evidente asimetría procesal. Mientras las resoluciones que imponen el pago a los abogados Vialidad por su labor en las audiencias y planteos procesales avanzan con celeridad ejecutiva, las medidas destinadas al decomiso Cristina Kirchner y el recupero del patrimonio estatal continúan empantanadas en apelaciones infinitas y tecnicismos formales. Esta demora no solo priva a las arcas públicas de recursos críticos en tiempos de aguda restricción presupuestaria, sino que profundiza la sensación de desprotección institucional de la ciudadanía ante el desvío de fondos públicos.\n\nEspecialistas en derecho constitucional señalan que estas costas millonarias que deben afrontarse con fondos del Estado desnudan las falencias de la legislación procesal argentina en materia de extinción de dominio. La ineficacia práctica para asegurar el dinero malversado antes del agotamiento definitivo de la vía recursiva provoca que el propio erario público financie, de manera indirecta, los prolongados litigios judiciales que perjudicaron a la administración pública nacional.\n\nEl desequilibrio entre el gasto directo que el proceso judicial le genera al contribuyente y el efectivo reintegro del perjuicio patrimonial causa un profundo malestar en la opinión pública. La credibilidad institucional de la Justicia Federal se encuentra bajo un riguroso escrutinio en un momento donde el gobierno nacional exige austeridad absoluta a todos los sectores de la sociedad civil.\n\nAnte esta asombrosa paradoja procesal, ¿podrá el sistema judicial argentino modernizar sus mecanismos de decomiso para que los costos de la corrupción no sigan recayendo sobre el bolsillo de los contribuyentes?