El entramado judicial que rodea la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un capítulo decisivo en los tribunales federales. El fiscal interviniente presentó un recurso de queja formal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación asuma el expediente por presunta defraudación y maniobras de lavado de dinero vinculadas a la construcción y uso de una ostentosa propiedad en la localidad bonaerense de Pilar.
La causa investiga los nexos entre directivos de la entidad madre del fútbol local y empresas contratistas que habrían intervenido en la adquisición de inmuebles de lujo no declarados adecuadamente. Tras una serie de fallos cruzados en instancias inferiores que frenaban el avance del expediente, la solicitud fiscal busca destrabar las medidas de prueba y requerimientos contables sobre las cuentas de la institución.
El avance de esta investigación genera fuerte inquietud en la sede de la calle Viamonte. Dirigentes opositores y referentes del ámbito deportivo señalan que el desenlace procesal podría comprometer la estabilidad institucional de la conducción de la AFA, en momentos en que la relación entre el gobierno nacional y las autoridades del fútbol se encuentra sumamente desgastada.
La eventual intervención del Máximo Tribunal sentará un precedente determinante sobre el control judicial de las asociaciones civiles. ¿Logrará la dirigencia deportiva frenar el avance de las acusaciones o asistiremos a una reestructuración forzada del fútbol argentino?