En una semana de intensa rosca parlamentaria, los operadores políticos de la Casa Rosada abrieron canales directos de negociación con mandatarios provinciales. El objetivo central del Poder Ejecutivo es desactivar la sesión especial convocada por bloques opositores en la Cámara de Diputados, donde se pretende tratar proyectos sensibles vinculados a las asignaciones para discapacidad y modificaciones a la ley de endeudamiento público.
Las gestiones oficialistas combinan el ofrecimiento de partidas de gasto de capital con compromisos de financiamiento de obras viales prioritarias en los distritos del interior. Para el Gobierno nacional, el avance de proyectos con alto impacto fiscal pondría en riesgo la rigidez del superávit fiscal alcanzado en los últimos trimestres, pilar inamovible de la estrategia macroeconómica.
Desde los bloques opositores critican duramente las presiones hacia las provincias y argumentan que las partidas destinadas a sectores vulnerables y programas de discapacidad no admiten más postergaciones. Sostienen que el debate legislativo debe garantizar el cumplimiento de obligaciones sociales esenciales que no pueden supeditarse a las metas de caja del Ministerio de Economía.
El margen de maniobra de la Casa Rosada se achica ante un Congreso fragmentado donde cada bancada provincial cotiza caro su quórum. La resolución del conflicto medirá el alcance real del músculo político de la gestión de Javier Milei para controlar la agenda legislativa.
¿Conseguirá la Casa Rosada alinear los votos de los gobernadores o sufrirá un serio revés legislativo que comprometa sus metas fiscales?