La entrada en vigencia del proyecto de ley enfocado en la baja de la edad de imputabilidad penal reabrió un intenso debate en el seno de la sociedad argentina. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la iniciativa bajo la premisa de terminar con la impunidad en delitos graves cometidos por menores de edad, asegurando que el Estado debe responder con firmeza institucional ante el delito violento, independientemente de la edad de quien lo ejecute. La normativa propone reducir la punibilidad a los 13 o 14 años para delitos de sangre y robos calificados.
Los defensores de la reforma sostienen que el marco normativo actual resultaba obsoleto frente a los cambios en la dinámica criminal, donde organizaciones delictivas reclutan conscientemente a adolescentes sabiendo que no recibirán condenas de prisión efectiva. Desde el Ministerio de Seguridad argumentan que esta medida no solo protegerá a las víctimas de hechos delictivos, sino que ofrecerá una respuesta punitiva adecuada que disuadirá el uso de menores en bandas organizadas, igualando la legislación argentina a los estándares vigentes en diversos países de la región.
Sin embargo, organismos de derechos humanos, especialistas en derecho penal juvenil y sectores de la oposición manifestaron severas reservas respecto de la efectividad real de la medida. Advierten que bajar la edad de punibilidad sin implementar de forma paralela una transformación profunda del sistema carcelario y de los institutos de menores solo derivará en una mayor criminalización de los sectores más vulnerables. Señalan, además, que el Estado carece de la infraestructura adecuada para garantizar procesos de reinserción social efectivos en adolescentes, lo que podría elevar las tasas de reincidencia a futuro.
El contrapunto deja al descubierto visiones antagónicas sobre el rol de la justicia represiva versus las políticas públicas de prevención e inclusión social. La puesta en marcha de la ley pondrá a prueba la capacidad operativa de los tribunales juveniles en todo el país. ¿Conseguirá la baja de imputabilidad reducir el índice delictivo en las calles o se convertirá en una respuesta meramente punitiva sin impacto estructural?