El escenario político nacional vuelve a encenderse tras la reactivación formal del debate legislativo orientado a concretar la baja de imputabilidad Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, ha sido la principal vocera de esta iniciativa oficialista que busca modificar la estructura penal juvenil que rige en el país desde hace más de cuatro décadas. Con un discurso enfocado en la prevención del delito organizado y la necesidad de terminar con la denominada puerta giratoria para los menores que cometen ilícitos graves, el Ejecutivo nacional busca acelerar los consensos parlamentarios necesarios.
Este proyecto de reforma del codigo penal propone fijar una nueva edad de imputabilidad que permitiría procesar penalmente a menores a partir de los 13 o 14 años, según las diferentes variables técnicas que se barajan en las comisiones de Legislación Penal y de Familia. Patricia Bullrich defendió de manera categórica la propuesta, argumentando que las organizaciones delictivas y el narcotráfico utilizan de manera recurrente a menores inimputables como herramientas operativas para asegurar su propia impunidad, por lo que considera indispensable una adecuación de las leyes a la realidad criminal del país.
La iniciativa ha despertado posturas encontradas en el ámbito judicial y en las organizaciones de defensa de los derechos de la niñez. Quienes apoyan la medida afirman que es una respuesta directa e impostergable a las demandas de seguridad nacional que exige una ciudadanía afectada por hechos delictivos de extrema gravedad. Por otro lado, diversos juristas y especialistas en derecho penal juvenil señalan que la mera reducción de la edad penal no soluciona las causas estructurales de la criminalidad y que la falta de infraestructura de reinserción en las cárceles argentinas podría profundizar el problema.
El debate se inserta en un contexto social sensible, donde la efectividad de las políticas de seguridad se mide constantemente frente al termómetro del delito en los grandes centros urbanos de las provincias argentinas. La estrategia del oficialismo pasa por capitalizar un extendido reclamo social por mayor orden público, contrastando su enfoque de firmeza penal con lo que consideran años de inacción y garantismo judicial de las administraciones previas.
¿Es la baja de la edad de imputabilidad una solución real para desmantelar la delincuencia juvenil, o una medida efectista que elude las deficiencias profundas de los sistemas de contención social?