El Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, oficializó los lineamientos finales del proyecto de ley que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa se presenta como una respuesta directa a la creciente preocupación ciudadana por la participación de menores en delitos graves con violencia y busca modificar de manera radical el marco legislativo de responsabilidad penal juvenil vigente desde la última dictadura militar.
Desde el Poder Ejecutivo destacan que el objetivo del proyecto no es únicamente el castigo penal, sino terminar con la impunidad que utilizan las bandas de crimen organizado al reclutar adolescentes para cometer robos, homicidios o tráfico de sustancias. El texto impulsado estipula la creación de establecimientos de detención especializados, donde se prevén programas educativos obligatorios y seguimiento interdisciplinario para procurar la reinserción social de los jóvenes imputados.
No obstante, la iniciativa despierta severas críticas en sectores del derecho penal, organizaciones de derechos humanos y bloques parlamentarios de la oposición. Advierten sobre la saturación del sistema penitenciario actual, la escasez de presupuesto para crear infraestructura carcelaria apta para menores y la falta de políticas públicas previas enfocar en la contención familiar y social en los barrios más vulnerables del país.
El desafío para el oficialismo consistirá en tejer los consensos necesarios en el Congreso, donde la viabilidad del proyecto dependerá de votos de bloques dialoguistas que exigen mayores garantías de contención y garantías procesales. El debate técnico coloca sobre la mesa la efectividad real de las medidas punitivas frente a las deficiencias estructurales del Estado. ¿Alcanza con endurecer las penas a menores para solucionar la inseguridad sin una reforma profunda del sistema social y penitenciario?