La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha puesto en el centro del debate público la reforma del codigo penal que establece la baja de imputabilidad para menores que cometen delitos graves. Esta medida busca reconfigurar el abordaje judicial frente a la delincuencia juvenil, un fenómeno que genera honda preocupación en la sociedad argentina y que demanda respuestas contundentes por parte de las instituciones estatales encargadas de velar por la seguridad nacional.\n\nEl nuevo régimen legal plantea una transformación profunda en el procesamiento penal de los adolescentes en conflicto con la ley. Desde la cartera de Seguridad insisten en que la impunidad de los menores que participan en organizaciones criminales o cometen delitos violentos se ha convertido en un factor de desprotección para la ciudadanía. La reforma busca garantizar que los menores imputados reciban penas proporcionales a la gravedad de sus actos, contemplando asimismo programas de rehabilitación y contención intramuros.\n\nDesde diversos sectores sociales y organismos de derechos humanos se han alzado voces críticas que cuestionan la efectividad de esta medida a largo plazo. Argumentan que la baja de la edad penal no soluciona las causas estructurales de la criminalidad juvenil, como la deserción escolar, la pobreza extrema y la falta de oportunidades de inserción laboral en las zonas periféricas de los grandes centros urbanos. Advierten, además, que el colapso del sistema penitenciario actual podría convertir los centros de detención juvenil en escuelas del delito más complejas.\n\nPor su parte, el oficialismo defiende la medida con el argumento de que el Estado debe priorizar la protección de las víctimas del delito por sobre las garantías de los victimarios. El debate divide aguas y promete judicializaciones en las cortes del país. ¿Será esta baja de la imputabilidad una solución real para erradicar el delito juvenil en la Argentina o profundizará la marginalidad social de las futuras generaciones?