El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, celebró la puesta en marcha de las reformas orientadas a endurecer las penas para los delincuentes juveniles. El debate central gira en torno al proyecto para establecer la Baja de imputabilidad Argentina, una iniciativa que busca fijar la edad de punibilidad en los 13 años, bajo la premisa de que todo menor que comete un delito grave debe comprender la criminalidad de sus actos y afrontar las consecuencias de manera penal.
Para el sector oficialista y sus aliados de la centroderecha, esta reforma penal juvenil representa una respuesta directa a una demanda histórica de las víctimas de la inseguridad. Bullrich argumentó reiteradamente que 'se terminó la impunidad' y que el Estado no puede seguir tutelando a jóvenes que son utilizados por organizaciones criminales complejas debido a su condición de inimputables. La medida apunta, según el ministerio, a desarticular la seguridad menores.
En la vereda de enfrente, colectivos de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la oposición aseguran que la delincuencia juvenil no se soluciona mediante el encierro en cárceles comunes. Sostienen que el endurecimiento de penas sin un sistema integral de reinserción y sin inversión en educación pública solo profundizará la espiral de violencia y marginalidad que afecta a los sectores más vulnerables de la población.
La implementación efectiva del sistema penal juvenil requerirá no solo voluntad política, sino también una profunda adecuación de la infraestructura carcelaria y de los tribunales de menores en todas las provincias argentinas. ¿Podrá la baja de la edad de imputabilidad resolver los problemas estructurales de seguridad o terminará saturando el sistema penitenciario sin atacar las causas profundas del delito?