El Ministerio de Seguridad confirmó la puesta en marcha de las modificaciones legales que formalizan la baja de imputabilidad argentina, una iniciativa impulsada fuertemente por Patricia Bullrich. La medida reduce la edad en la que los menores pueden ser juzgados penalmente, marcando un cambio de paradigma en el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes.
Desde el oficialismo, la reforma penal se presenta como un paso indispensable para responder al reclamo de seguridad ciudadana en las zonas urbanas más afectadas por el delito. Bullrich enfatizó que el nuevo marco normativo busca terminar con el vacío legal que permitía que bandas criminales utilicen a menores para cometer ilícitos sin consecuencias judiciales directas. El marco prevé dispositivos específicos de internación y tratamiento, aunque la prioridad del texto radica en la sanción punitiva.
En contraste, especialistas en derecho penal juvenil e instituciones de la sociedad civil cuestionan el alcance pedagógico y de reintegración del proyecto. Señalan que la baja en la edad de punibilidad no resuelve las causas estructurales de la marginalidad ni la falta de contención social previa. Asimismo, advierten sobre la capacidad del sistema penitenciario y de minoridad para absorber a nuevos reclusos sin agravar las condiciones actuales de detención.
El debate se traslada ahora a la fase de implementación práctica en las distintas jurisdicciones provinciales, donde se requerirá adaptar infraestructuras judiciales y de seguridad para dar cumplimiento a la ley. La discusión pública se mantiene encendida entre quienes exigen mano firme y quienes reclaman políticas sociales preventivas.
¿Constituye la baja de la edad de imputabilidad una solución real al delito o profundizará la crisis del sistema penal?