Ante la marcada caída de las transferencias discrecionales desde la Nación y el enfriamiento generalizado de la recaudación por impuestos provinciales ligados a la actividad fabril, la provincia de Buenos Aires resolvió avanzar sobre una de las industrias de mayor crecimiento acelerado durante los últimos años. La administración del gobernador Axel Kicillof oficializó la implementación de un nuevo impuesto del 2% a las apuestas en plataformas de juego online que operan en territorio bonaerense.
La norma aprobada por la Legislatura provincial grava el monto bruto de cada jugada o apuesta concretada a través de sitios de casinos virtuales, casas de apuestas deportivas y juegos de azar digitales habilitados. Desde el equipo económico de la Provincia argumentan que la medida resulta indispensable para captar recursos fiscales de un sector de rentabilidad extraordinaria, al tiempo que contribuye a generar un fondo específico para combatir la creciente problemática de la ludopatía juvenil.
Como era de esperarse, el anuncio provocó un fuerte rechazo en el sector de las empresas operadoras del rubro del juego y las plataformas tecnológicas. Las cámaras del sector advirtieron que la sobrecarga impositiva provocará una migración masiva de usuarios hacia sitios de juego clandestinos no regulados que operan fuera del marco legal y no abonan ningún tipo de tasa ni control de edad.
La medida vuelve a poner sobre el tapete la profunda brecha en el enfoque de política fiscal existente entre la administración bonaerense y la Casa Rosada. Mientras la gestión nacional aboga por una reducción generalizada de la presión impositiva sobre la actividad privada, la gestión bonaerense apuesta a apelar a instrumentos de recaudación sectoriales para sostener las finanzas provinciales y los servicios públicos de salud y educación.
¿Es la creación de nuevos impuestos a plataformas digitales un mecanismo eficaz para sostener la recaudación pública o incentiva el mercado ilegal?