La fruticultura argentina, otrora un motor de exportación y prosperidad regional, hoy lamenta la pérdida del negocio mundial de la manzana. Mientras el comercio global crecía, Argentina vio cómo su participación se desvanecía, un síntoma más de una economía asfixiada por regulaciones y falta de visión a largo plazo. Este declive no es un fenómeno aislado, sino el resultado de décadas de intervención estatal, presión impositiva y la incertidumbre generada por marcos legales como la Ley de Tierras, que desalentaron la inversión y la expansión productiva en el sector.
Los productores y especialistas señalan que la falta de políticas de fomento claras, sumado a costos laborales excesivos y una burocracia asfixiante, hicieron inviable la competitividad de las manzanas argentinas en los mercados internacionales. La obsesión por el control y la distribución, en lugar de la producción y la eficiencia, transformó un sector pujante en uno dependiente y marginal. La "casta" política y sus decisiones, que priorizaron la ideología sobre la rentabilidad, son las verdaderas responsables de esta decadencia productiva que afecta a miles de familias.
¿Hasta cuándo la Argentina seguirá condenando a sus sectores productivos con un modelo que castiga al que invierte y produce, en lugar de liberar el potencial de su campo?