En una contundente señal de política económica regional, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció la puesta en marcha de un esquema de tasa cero en el impuesto a los Ingresos Brutos destinado a las pequeñas y medianas empresas que facturen hasta $4.500 millones anuales, en una medida tendiente a aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo.
La iniciativa busca otorgar aire financiero a las pymes cordobesas golpeadas por la retracción del consumo y el incremento sostenido de los costos fijos de funcionamiento. Según estimaciones del Ministerio de Economía provincial, el beneficio alcanzará de manera directa a miles de establecimientos comerciales e industriales que operan en la provincia.
Llaryora argumentó que el ajuste sobre los sectores productivos genera un círculo vicioso de caída de empleo y menor recaudación, defendiendo la heterodoxia fiscal provincial frente al esquema de austeridad implementado a nivel nacional. La medida fija un contrapunto claro con otras jurisdicciones que optaron por incrementar impuestos provinciales para compensar los recortes de transferencias federales.
Analistas económicos advierten que el desafío residirá en equilibrar las cuentas públicas de la provincia sin resentir las partidas prestacionales básicas en salud, educación y seguridad pública.
¿Se convertirá esta reducción impositiva en un modelo a seguir por otras provincias golpeadas por la baja de ventas o pondrá en riesgo las finanzas cordobesas?