En un movimiento político y económico de alto impacto regional, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció una sustancial reforma tributaria que exime del tributo de ingresos brutos cordoba a las pequeñas y medianas empresas industriales con facturación de hasta $4.500 millones de pesos anuales. La medida, promulgada en el marco de la Ley de Promoción Industrial, busca preservar los puestos de trabajo y reanimar la actividad fabril en medio del contexto recesivo.
El plan diseñado por el Ejecutivo mediterráneo representa un claro giro táctico: la articulación de la iniciativa martin llaryora pymes contrapone la tesis del ajuste fiscal estricto con un esquema activo de alivio tributario para el tejido productivo. El objetivo oficial es compensar el aumento de los costos fijos sufridos por las manufacturas cordobesas debido a la eliminación de subsidios nacionales en energía y transporte.
Este programa de promocion industrial beneficia a miles de emprendimientos dedicados a la metalmecánica, la industria agroalimentaria y la fabricación de componentes plásticos y textiles. Los industriales locales celebraron la iniciativa como una señal de previsibilidad, argumentando que el beneficio impositivo aliviará la presión financiera que atraviesa la cadena de pagos provincial.
Con esta jugada de alivio fiscal, Llaryora no solo busca blindar la economía de Córdoba sino también posicionarse a nivel nacional como un referente de gestión intermedia capaz de sostener el equilibrio presupuestario sin estrangular a las pymes cordoba. La apuesta medirá la capacidad del Estado provincial para recaudar mediante una mayor actividad económica compensatoria.
¿Se convertirá el modelo cordobés de incentivo impositivo regional en un espejo para otras provincias frente al repliegue fiscal de la Nación?