Las calles de la provincia de Mendoza fueron escenario de una concurrida manifestación encabezada por organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones barriales, murgas y movimientos sociales, en expreso rechazo al tratamiento de la Ley de Propiedad Privada en el Senado de la Nación. La protesta, cargada de intervenciones artísticas y consignas políticas, visibilizó la profunda alarma que genera este proyecto legislativo en sectores vulnerables y áreas periurbanas.
Los manifestantes denuncian que las modificaciones contempladas en la iniciativa oficial flexibilizan las garantías sobre la posesión comunitaria de la tierra y agilizan los procesos de desalojo, favoreciendo de manera directa a emprendimientos inmobiliarios y de desarrollo extractivo. Representantes de los colectivos culturales remarcaron durante la jornada que la aprobación de la norma afectaría el derecho al hábitat popular y menoscabaría iniciativas culturales y comunitarias radicadas en terrenos históricamente disputados.
Por el contrario, los legisladores promotores del proyecto en la Cámara Alta argumentan que la reforma resulta indispensable para brindar seguridad jurídica a los propietarios legítimos, atraer inversiones privadas y poner fin a situaciones de ocupación irregular que menoscaban el derecho constitucional a la propiedad. La iniciativa busca acelerar los plazos judiciales para restituir bienes inmuebles e imponer penas severas a las usurpadaciones.
La controversia pone en evidencia la histórica tensión social en torno al uso de la tierra y la delimitación de las atribuciones estatales respecto de la propiedad individual y el bien común. En el Senado, la discusión promete ser acalorada a medida que el dictamen avance hacia el recinto. ¿Logrará la presión de las movilización social imponer modificaciones sustanciales sobre un proyecto considerado clave para el oficialismo?