En los últimos dos meses, el Poder Ejecutivo aceleró el ritmo de anuncios oficiales con la presentación de ocho medidas de impacto económico directo, alcanzando su clímax con la reglamentación del denominado «Súper RIGI». Este régimen especial de incentivos busca simplificar trámites tributarios, reducir aranceles a la importación de bienes de capital y otorgar estabilidad fiscal garantizada para proyectos de inversión de mediana y gran escala en todo el territorio nacional.
Con esta batería de disposiciones, la administración de Javier Milei procura revertir los índices de recesión que afectaron severamente a la construcción, la metalmecánica y el consumo masivo durante los primeros tramos del mandato. El objetivo principal reside en transformar el interés de los grandes grupos económicos internacionales en proyectos concretos que generen empleo registrado y divisas genuinas por exportaciones.
Dirigentes de la pequeña y mediana industria observan con cautela el alcance de las iniciativas oficiales. Si bien celebran la desburocratización y la quita de impuestos distorsivos, advierten que las pymes enfrentan dificultades urgentes de financiamiento y una débil demanda en el mercado interno que las medidas de incentivo a la gran inversión no resuelven de forma directa ni inmediata.
El gabinete económico defiende con firmeza el paquete de medidas, argumentando que la única manera sustentable de crear riqueza en la Argentina es erradicar el intervencionismo estatal y generar condiciones atractivas para el capital privado. Según los voceros del oficialismo, los frutos de este marco regulatorio comenzarán a materializarse con fuerza en los próximos trimestres.
El abanico de incentivos ya está desplegado sobre el tablero económico, pero los tiempos de la inversión difieren de las urgencias sociales. ¿Lograrán estas ocho medidas acelerar la recuperación productiva y llegar al bolsillo de la población?