Un complejo entramado de negociaciones contractuales entre el Estado nacional y los principales actores corporativos de la aviación comercial ha quedado al descubierto. Documentos internos de dependencias oficiales revelan intensas tratativas para avanzar en una polémica extension contractual de la concesion aeropuertos argentina en beneficio directo del holding corporacion america. La propuesta, que de concretarse se extendería hasta el año 2066, ha despertado fuertes críticas por su falta de transparencia pública.
El eje de la controversia gira en torno a que un acuerdo de esta magnitud blindaría a aeropuertos argentina 2000 del ingreso de nuevos competidores durante cuatro décadas más, consolidando un esquema monopólico de tarifas aeroportuarias que encarece de forma directa las operaciones aéreas domésticas. Distintos especialistas en regulacion transporte aereo consideran llamativo que una administración de perfil estrictamente pro-mercado intente perpetuar por vía de decretos un esquema corporativo altamente concentrado, evitando los correspondientes procesos de licitación pública internacional.
En los despachos de la Secretaría de Transporte defienden la medida argumentando que la extensión se otorgaría a cambio de un plan de inversiones millonarias en infraestructura para terminales del interior. No obstante, legisladores opositores denuncian que estos contratos del estado suelen renegociarse sin auditorías independientes rigurosas, beneficiando sistemáticamente a los mismos actores económicos sin que existan contraprestaciones claras que beneficien al usuario.
La extensión prolongada de un monopolio de infraestructura crítica choca de manera evidente con la retórica de la libre competencia. ¿Por qué el Gobierno prefiere sostener la estabilidad de un monopolio histórico en lugar de abrir el mercado aeroportuario a la libre competencia internacional?